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Vie, Dic

Nacional

El Ministerio del Trabajo canceló oficialmente la inscripción sindical de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), una medida que marca un nuevo revés para los jugadores en un momento de alta fricción con los directivos del fútbol nacional. La cartera laboral tomó esta determinación después de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que la entidad no cumplía los requisitos mínimos para constituirse como sindicato.

Según la sentencia que antecedió la decisión, Acolfutpro no alcanzaba el número mínimo de afiliados exigidos por la ley para organizaciones sindicales de carácter profesional. Además, el documento de constitución evidenciaba más características de una asociación civil sin ánimo de lucro que de un sindicato formalmente establecido.

 

Un golpe jurídico

con impacto deportivo

La cancelación del registro supone que Acolfutpro pierde su reconocimiento oficial como sindicato ante el Estado, un hecho que debilita su capacidad para representar a los futbolistas en eventuales negociaciones colectivas o reclamaciones laborales. La determinación llega en medio de un ambiente tenso: en las últimas semanas, varios jugadores han expresado inconformidades frente a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor por aspectos contractuales y de bienestar deportivo.

El gremio atraviesa un momento decisivo, marcado por protestas y discusiones públicas sobre la necesidad de mejores garantías laborales en los clubes profesionales.Debate sobre la organización de los jugadores

Aunque la cancelación del registro no implica la desaparición de la asociación, sí obliga a replantear su estructura jurídica si desea recuperar estatus sindical. Para expertos en derecho laboral, el caso abre un debate sobre los modelos de representación de los deportistas profesionales en Colombia y la importancia de definir figuras que respondan a las condiciones reales de la industrial del fútbol.

Mientras tanto, la determinación deja a los futbolistas sin un sindicato reconocido, justo cuando el sector enfrenta retos administrativos, económicos y de gobernanza.

 

El informe de la Defensoría plantea además la necesidad de fortalecer la institucionalidad local para la gestión del riesgo con un enfoque de derechos humanos y de reconocer la historia de Armero como un caso de desplazamiento forzado causado por un desastre natural. "Las pérdidas no solo fueron materiales, económicas y culturales, sino de vidas humanas, de familias rotas y de una memoria colectiva que aún busca reconstruirse", concluyó Marín. EFE

Cuarenta años después de la tragedia de Armero, Colombia sigue sin conocer con precisión el número de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que arrasó la ciudad colombiana, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció de manera enfática frente a los insultos dirigidos por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, luego del reciente allanamiento practicado en la residencia del funcionario. El alto tribunal señaló que expresiones como las emitidas por el ministro son inaceptables en un contexto institucional y pueden afectar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Durante sus declaraciones públicas, Benedetti calificó a la magistrada Lombana con expresiones desobligantes, lo que generó rechazo inmediato desde la Corte, que recordó la importancia del respeto entre poderes para garantizar el equilibrio democrático y el correcto desarrollo de las investigaciones en curso.

 

Investigaciones  en curso

La Corte Suprema confirmó que Benedetti es objeto de varios procesos en la Sala de Instrucción, razón por la cual advirtió que las descalificaciones proferidas contra la magistrada podrían interpretarse como una forma de presión indebida hacia el órgano judicial encargado de analizar su situación jurídica.

Asimismo, el pronunciamiento resaltó que las instituciones deben mantenerse alejadas de ataques personales y promover un diálogo responsable y respetuoso.

 

Solicitudes de control disciplinario

En medio de la controversia, sectores políticos y organizaciones civiles solicitaron a la Procuraduría General de la Nación evaluar la conducta del ministro y, si es pertinente, considerar una suspensión provisional mientras avanzan los procesos disciplinarios.

El llamado de la Corte buscó reafirmar que la independencia judicial es un pilar democrático y que las diferencias deben tratarse mediante los canales legales correspondientes, no mediante descalificaciones personales.