Una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó ante un juez de control de garantías de Magangué a Juan David Pérez Fals y a Antonio David Méndez de la Rosa, presuntamente responsables del delito de extorsión. La investigación determinó que Pérez Fals habría realizado exigencias económicas ilegales a su excompañera sentimental, a cambio de no agredirla a ella ni a su hijo recién nacido.
El juez ordenó su captura inmediata para el cumplimiento de la sentencia. Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional
Estefany Andreina Rodríguez Perdomo y Kennedy Chanil Jiménez Pérez judicializados por su presunta responsabilidad en un hurto en el barrio Getsemaní. Foto: Fiscalía
Este resultado se dio en cumplimiento de los enfoques estratégicos de proteger a la población civil, la gobernabilidad y disminuir las capacidades de la amenaza. Foto: Ejército Nacional
La sentencia, que también señala su presunta responsabilidad en el homicidio del conductor de chiva Camilo Barrientos, establece que “la prueba en su mayoría señala la posible actuación del grupo criminal (…) con pretensiones criminales ampliamente detalladas”. Para el Tribunal, el delito se configura desde la concertación para cometer los hechos atribuidos al grupo. Con la condena, el Tribunal ordenó: “Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 (…) y declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”. Una vez quede en firme, se emitirá orden de captura para el cumplimiento de la pena. Aún puede impugnar Aunque el fallo corresponde a segunda instancia, el propio Tribunal dejó abierta la posibilidad para que la defensa interponga impugnación especial, por tratarse de la primera decisión condenatoria en esta etapa del proceso. Las demás partes podrán acudir al recurso extraordinario de casación. La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, ha insistido en la inocencia de Uribe y en que las acusaciones ya habían sido desvirtuadas. Sin embargo, la resolución del Tribunal reconfigura el caso diez años después de iniciada la investigación.
